La preocupación de los docentes por la venta de drogas y el consumo en las escuelas de San Luis

Los docentes marcan el termómetro de lo que pasa en las aulas de las escuelas de San Luis. Son testigos de los males que viven sus alumnos, del contexto familiar que los atraviesa, de la ayuda que necesitan y que no consiguen. El problema más grave está centrado en instituciones ubicadas en barrios populares y aledañas a zonas conflictivas por el delito.

Para el titular de la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA), Claudio Izaguirre, los jóvenes en cualquier parte del país “están viviendo una época de tristeza y dolor”, mientras los adultos que deberían ocuparse “miran para otro lado”. Ni más ni menos, eso es lo que está pasando en tierra puntana.

El Chorrillero logró testimonios para graficar los daños y las consecuencias que están provocando las drogas en los alumnos, y cómo la comunidad educativa vive el terror día a día. Un inevitable crecimiento de la violencia, y un incontenible consumo de estupefacientes y alcohol avanza. Si se tiene en cuenta que las escuelas deberían ser un centro de contención destinada para la enseñanza y el aprendizaje, el futuro que se vislumbra es preocupante.

“Los chicos prefieren vender ‘merca’”. La contundente declaración le pertenece a un docente conmovido por “el olvido que se siente”, y esperanzado en que se puede “hacer algo mejor para la sociedad”.

“No solamente ganamos muy poco, lo que más nos aqueja es que nuestros alumnos son vendedores de droga, se prostituyen, van armados”, contó la fuente a la que accedió El Chorrillero. En esta publicación se reservarán las identidades y también los nombres de las instituciones que presentan problemas serios, donde la intervención de los especialistas debe ser urgente.

El problema de entrada que tienen los educadores es “no poder dar clases”. La droga lo maneja todo, adentro y afuera. Y la peor consecuencia es el delito y el maltrato. Los que enseñan sufren robos y reciben amenazas para que acrediten buenas calificaciones en sus boletines.

Si bien es grave que muchos alumnos no llegan a aprender y “ni siquiera saben leer”, hay otras particularidades: “No tienen ni DNI porque nunca fueron registrados”. No funcionan los gabinetes psicopedagógicos y hay motivos de sobra para que estén actuando.

Entonces ante todo esto surgen varios interrogantes ¿Qué hace el ministerio de Educación con esta información? ¿Por qué no hay una política que responda a las necesidades de esos estudiantes que están sufriendo uno de los flagelos más dolorosos de la sociedad? ¿Por qué no hay especialistas que puedan dar el socorro que están esperando?

Estas escuelas “están desprotegidas” por el Estado, y se las puede describir por falencias que son comunes entre ellas: “Los libros de la biblioteca son de la época de Menem, el internet no anda, y todas fotocopias salen de nuestro bolsillo. Te obligan a dar tecnología, pero los chicos no te llevan nada así que tenés que comprar material para todos”.

Como la droga en las escuelas no se puede contener “muchos alumnos actúan con impunidad” y en horas de clase usan el celular para “escuchar música o mirar las redes sociales”.

En un barrio de la zona oeste de la ciudad “un profesor fue amenazado con un cuchillo en el cuello y le robaron todas sus pertenencias”, y en uno situado al sureste de la ciudad “a todos les han robado adentro de la escuela y les destruyen el auto”.

“Los chicos lo único que tienen son problemas y somos los docentes los únicos que los escuchamos y ayudamos. Para colmo en los problemas graves, cuando tenés que hacer denuncias (por abusos y violaciones) corres el riesgo. Ningún directivo se hace cargo”, contó la fuente.

De a poco los gremios van alzando la voz porque son una caja de resonancia de los sentimientos que tienen los afiliados. La titular de la Unión de Trabajadores de la Educación Provincial (UTEP), Soledad Correa fue la primera en advertir “mayor presencia de armas” en las instituciones, y “desgraciadamente un aumento exponencial en el consumo de drogas y alcohol”.

Esta semana el secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Jorge Lazarini hizo hincapié sobre las mismas dificultades y planteó la necesidad de implementar los gabinetes psicopedagógicos. Al mismo tiempo analizó “una falta de compromiso” por parte de las personas “que pueden tomar decisiones”. Y lo consideró un punto válido para incluir en el reclamo provincial docente que el próximo 27 de septiembre protagonizará una segunda movilización. “No es momento de bajar la toalla, sino de pedir al Gobierno que tome medidas”, dijo en declaraciones periodísticas en la semana que termina.

“No solo no me sorprende, sino que es parte de lo que uno puede vivir en cualquier parte del país. Tenemos a papás que no se enojan, que no ponen limites, profesores que tienen la orden de mirar para otro lado, los maestros y desde el ministerio de Educación les dicen ‘usted va a dictar clases’, no a meterse con la droga por más que haya gente drogada o vendiendo droga en las escuelas”, aseguró Izaguirre cuando hizo un análisis de cómo crece en las provincias la venta de drogas entre menores.

Lazarini aseguró que "hacen falta que los equipos de directivos estén en su totalidad en la escuela", dado que "no existen" desque que jubilaron: "No se nombraron más por una causa u otra. De un total de 44 o 46 supervisores en la provincia, ahora hay 3″.

Habló de los "famosos porros", y dijo que una cuestión "conocida por el Estado provincial, no es novedad". Sin marcar ninguna escuela consideró que se trata de "un modus operandi o de vida".

La droga llega a las escuelas porque hay “familias mafiosas” que actúan imponiendo el miedo. Eso ya no es una novedad en San Luis. La AARA sostiene que “en las ciudades todos saben quiénes traen la droga”, y por lo tanto “quiénes están detrás de los chicos que la venden”.

“¿De dónde va a sacar droga un pibe? Se la da alguien, y eso le permite el consumo de manera gratuita, a través de la comercialización. Esta cosa tiene que ver con el Estado que no quiere trabajar en la prevención y la asistencia de personas con adicción”, insistió el titular del organismo. Al mismo tiempo expuso cuáles son las consecuencias: “Chicos intoxicados dando vueltas por ahí. Cárceles, hospitales o manicomios es el camino que produce el consumo de drogas”.

Consideró que el narcotraficante “viene pagando comisiones importantes para el poder político, judicial y para las fuerzas de seguridad zonales”.

A partir de un estudio, el organismo comprobó que 15 mil alumnos (en toda la Argentina) están en el negocio de la comercialización. La venden a sus compañeros de clase, a sus amigos.

Fundamentó que la venta alcanzó a todas las provincias “por obra y gracia del poder político y judicial que lo permitieron”. E insistió que no hay campañas de prevención “sostenidas en el tiempo a través de los medios de comunicación”, y que por lo tanto “no hay posibilidad alguna que los más jóvenes se enteren de los daños que producen las drogas”.

En una entrevista que dio a este medio la especialista en adicciones y profesora de la Universidad Nacional de San Luis, Eliana González advirtió que “si de la droga no se habla estamos a años luz de abordar la problemática”, y que “la prevención en clave”.

A partir de la experiencia contó que la drogadicción se ve “cada vez más en personas más jóvenes, en niños”.

“El ingreso a ese mundo es muy problemático, y lo importante es no ingresar. Pero para no ingresar tiene que ser una opción, y para eso tiene que hablarse antes, tenerlo claramente instalado”, agregó.

La falencia del Gobierno es que eso “no está instalado, de la droga no se habla y ganó terreno”. En las escuelas “se intenta”, y en las familias casi nada.

Izaguirre graficó: “Cuando se habla de drogas, la gente se esconde debajo de la cama mientras le matan al hijo. Cuando yo denuncio son los vendedores los que se esconden debajo de la cama. Estos tipos tienen miedo”.

Entonces… hay que empezar a hablar.